La zona del Bajo Aguán es uno de los sectores más conflictivos del país.
Colón. El pleno del Congreso Nacional aprobó ayer una reforma de la Ley de Tenencia y Portación de Armas, que permite el desarme general en el norteño departamento de Colón, donde desde hace algunos años se presentan conflictos sangrientos, presuntamente por fuerzas irregulares.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo luego de tomarse la decisión en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y fue sometida a consideración de los diputados por el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo.
La comisión dictaminadora tuvo menos de 24 horas para socializar la reforma y en la sesión de ayer el pleno, por mayoría, aprobó el desarme para todo el departamento, aunque algunos sostienen que esa medida hubiera sido nacional, pues en los últimos seis años hubo casi 32 mil asesinatos, de los que 25,600 fueron cometidos con armas de fuego.
Esas cifras mantienen a Honduras, según parámetros internacionales, como el país más violento del mundo, con una media de 86 asesinatos por cada 100 mil personas. El promedio mundial no supera ni el 8%.
El caso de Colón es particular porque ahí han surgido en los últimos años fuerzas irregulares, denominadas campesinos organizados, que se han dado a la tarea de invadir fincas con grupos fuertemente armados.
El conflicto armado en esa zona ha dejado casi cincuenta muertos, entre campesinos, guardias, particulares y policías.
Los invasores sustentan falta de tierras para trabajar; el presidente Porfirio Lobo señaló que no es normal que campesinos andan con fusiles de asalto. Por ello, algunas sugerencias iban encaminadas a decretar un estado de sitio en la zona, pero se descartó porque afectaba a toda la comunidad y se optó por el desarme.
Esta reforma va encaminada a despojar de sus armas, legales o ilegales, a los poseedores y suspender temporalmente los permisos de portar armas. Además faculta a los ministros del ramo a aplicar el desarme en zonas o regiones que consideren pertinentes y por el tiempo necesario.
Plan fracasará
El Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), el Marca (Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán) y otros grupos de la zona dieron ayer la bienvenida al plan de seguridad anunciado por el Gobierno siempre que incluya a unos 500 guardias al servicio de los inversionistas.
Johnny Rivas, secretario del Muca, dijo que si esta medida no incluye a los guardias al servicio de los terratenientes, será un total fracaso.
Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos, abogó por un desarme general en el Bajo Aguán.
El funcionario consideró: “Únicamente que queden con arma las personas que tienen autoridad”.
Custodio declaró que desde el principio percibió que la situación de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán era una crisis que demandaba la atención inmediata de las autoridades.
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